Europa debate qué propietarios deberán reformar la casa antes de venderla o alquilarla
La negociación de la Directiva de Eficiencia Energética de la Edificación en Europa sigue en curso, y el debate se centra en determinar qué propietarios deberán llevar a cabo reformas en sus viviendas antes de venderlas o alquilarlas. Se busca establecer normas mínimas de eficiencia energética para mejorar el rendimiento de las viviendas y abordar el problema de la ineficiencia energética en el sector inmobiliario español.
Tras el acuerdo alcanzado por el Parlamento Europeo en mayo pasado con respecto a la reforma de la directiva, se ha dado inicio a la compleja maquinaria legislativa europea. Durante esta fase de trílogos, que involucra al Parlamento, la Comisión Europea y el Consejo, se están debatiendo importantes matices sobre cómo aplicar las medidas propuestas.
La Unión Europea tiene la intención de implantar normas mínimas de eficiencia energética para las viviendas, pero todavía queda por determinar cómo se llevará a cabo esta armonización. Existe un objetivo de establecer un sistema de calificaciones basado en criterios comunes y objetivos, teniendo en cuenta las particularidades climáticas de cada región. Por ejemplo, se reconoce que el clima de una isla griega es diferente al de una localidad en el norte de Polonia, lo que influye en el consumo energético de las viviendas.
Sin embargo, la forma de materializar esta armonización plantea desafíos. Una posible solución es establecer un escalado auto-referenciado de las etiquetas energéticas en cada país, donde la letra G representaría el peor 15% de las viviendas construidas y la letra A sería para los edificios de emisiones cero, tal como lo define la directiva. En cada país se aplicaría un escalado proporcional para el resto de las etiquetas energéticas.
El punto de mayor fricción en las discusiones se encuentra en las normas mínimas de eficiencia energética. La Comisión Europea propone que, para 2030, todas las viviendas en Europa alcancen una calificación mínima de letra F, y para 2033 una calificación E. Por su parte, el Consejo de la Unión Europea sugiere que cada país decida qué porcentaje de viviendas construidas debe someterse a mejoras urgentes para 2030, manteniendo la calificación G para las viviendas de peor desempeño. El Parlamento Europeo propone una calificación mínima de letra E para 2030 y letra D para 2033.
Otro aspecto debatido es cómo aplicar las normas mínimas de eficiencia energética. Existe ambigüedad en el texto actual de la Comisión, ya que se plantea la obligación de llevar a cabo obras de rehabilitación de las viviendas con calificación mínima de letra F, pero también se menciona que estas obras podrían ser necesarias cuando se vayan a vender o alquilar las viviendas, bajo ciertas condiciones específicas.
La decisión de imponer una calificación mínima de letra F para 2030 y letra E para 2033 para la venta o alquiler de viviendas representa un cambio significativo para el sector, y se considera importante aclarar estas medidas según observadores como GBCe. Además, se plantea la incoherencia de exigir la rehabilitación de viviendas para su venta, mientras se fomenta la rehabilitación integral de los edificios desde una perspectiva económica y técnica para las comunidades de propietarios.
Otro punto de debate se refiere a los plazos de ejecución de las medidas. La Comisión Europea defiende que la armonización de los certificados de eficiencia energética, con una plantilla común, sea efectiva para 2025. El Consejo de la Unión Europea propone que esta armonización se aplique en 2026, otorgando más tiempo a los estados para aprobar sus planes de renovación. Por su parte, el Parlamento Europeo coincide con la Comisión en la aprobación para 2025, pero siempre y cuando se realice una reescala de todas las letras del certificado energético.
También se discute la duración de la certificación energética. Actualmente, los certificados tienen una validez de diez años, independientemente de la calificación obtenida. La Comisión Europea propone reducir la validez a cinco años para las calificaciones por debajo de la letra C (de la D a la G), mientras que para las tres primeras letras se mantendría el plazo de una década. Sin embargo, el Consejo de la Unión Europea defiende mantener un plazo de diez años en todos los casos.
Estas discusiones en el marco de la Directiva de Eficiencia Energética de la Edificación generan incertidumbre y plantean decisiones importantes para la Unión Europea, ya que marcarán el ritmo y las exigencias para lograr los objetivos de descarbonización en el continente.
