El Defensor del Pueblo pide impulsar el censo de edificios afectados por amianto y acelerar la retirada de este tóxico
El Defensor del Pueblo considera necesario impulsar la elaboración de un censo de edificaciones y lugares públicos con mayor riesgo por presencia de amianto para dar así cumplimiento a la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular que exige la retirada de este material tóxico en instalaciones y emplazamientos.
Esta es una de las recomendaciones que figuran en el Informe Anual del Defensor del
Pueblo 2022 presentado este lunes, en el que se refiere al tratamiento del amianto después
de la citada Ley aprobada en 2022.
Dicha norma establece un plazo de un año para que los Ayuntamientos elaboren un censo
de instalaciones contaminadas con amianto y lo envíen a las comunidades autónomas para
que éstas inspeccionen y verifiquen que los materiales se han retirado y enviado a un gestor
autorizado.
Sin embargo, en sus actuaciones, el Defensor señala que algunas administraciones se
hallan aún en las fases preliminares de impulso de las medidas previstas en la norma y, por
tanto, las posibilidades de cumplir el plaza son escasas.
Por ello, ha sugerido a las consejerías de medio ambiente de Aragón, Cantabria, Castilla-La
Mancha, Ceuta, Comunidad de Madrid, La Rioja y la Región de Murcia que adopten las
medidas necesarias para agilizar el cumplimiento de las obligaciones previstas y que
establezcan criterios orientativos para la elaboración del inventario y el calendario de
retirada.
Además, de cara a facilitar la aplicación de la norma, la institución sugiere a la Secretaria
de Estado de Medio Ambiente que intensifique la comunicación a través de la Comisión de
Coordinación en Materia de Residuos, para resolver dudas, fijar criterios o poner en común
buenas prácticas que hayan desarrollado las comunidades autónomas o entidades locales
para la elaboración de los inventarios y los calendarios.
Fuente: europapress
